Sergio Tafur Sanchez(*) 

¿Qué pasa con las concesiones en nuestro país?¿Por qué muchas de ellas presentan problemas en su ejecución o son resueltas por las entidades estatales?¿Será que este instrumento no es el mejor para encauzar los proyectos de inversión privada? En el presente artículo se encuentran las reflexiones el Dr. Tafur sobre este tema.

No es secreto que los países en desarrollo suelen tener altos déficits de infraestructura y de servicios que no les permiten otorgar mayores facilidades y beneficios a sus ciudadanos, integrar sus mercados internos y hacerse más competitivos a nivel mundial.  El Perú obviamente no ha escapado ni escapa de dicha realidad debido a que aun existe en el país un déficit de más de US$ 20 000,000.00 de inversión en carreteras, puentes, saneamiento, electrificación, etc.

Por esto, ante la falta de recursos públicos para que el Estado pueda afrontar las inversiones necesarias en materia de infraestructura y servicios, se acudió a diversas figuras con el objeto de promover inversiones en estas áreas.  Precisamente uno de estos mecanismos contractuales es la concesión.

La concesión conlleva en principio que ante la falta de recursos del Estado para desarrollar determinadas actividades que requieren inversión, estas no sean postergadas, sino que se permita la participación del sector privado en ello, supliendo o complementado a los recursos estatales. A su vez, dicho mecanismo permite que el riesgo de la inversión no necesariamente corresponda solo al Estado y que su manejo sea -en principio- de carácter empresarial, con lo cual se evitan las limitaciones a las que se encuentra sujetos los fondos públicos.
 
Conciente de ello, en el Perú se cuenta con diversas normas legales que han permitido el desarrollo de procesos de concesión en los distintos niveles de gobierno.  Así, el Gobierno Central y los gobiernos regionales y locales han celebrado contratos de concesión en los diferentes ámbitos de su competencia, logrando concluir obras que van desde la construcción y operación de la Carretera Interoceánica, hasta los contratos para el control de tránsito o de revisiones técnicas vehiculares.

Sin embargo, quisiéramos detenernos a reflexionar en lo que viene pasando con los gobiernos locales. Es conocido que corresponde a este nivel de gobierno el estar más cerca del ciudadano, habiéndosele asignado  una serie de funciones directamente vinculadas a la organización del espacio físico o uso del suelo y  los servicios públicos locales (tales como saneamiento, salubridad, tránsito, transporte público, entre otros, tal como lo establece el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades).

No obstante tener esta importante función, nos llama la atención lo que ha venido sucediendo con las concesiones otorgadas por estos niveles de gobierno, es decir por las municipalidades.  Hacia los primeros días del año 2007, al haber comenzado la gestión de las nuevas administraciones municipales, tuvimos la oportunidad de leer en el Comercio un artículo titulado “Alcaldes Nuevos, Concesiones Nuevas”, que planteaba situaciones que deseábamos y esperábamos no sucedieran.

Lamentablemente, por lo que hasta ahora hemos podido advertir, debemos expresar nuestra  preocupación no solo porque parece cierto lo que se afirmaba en ese artículo, sino por lo poco sólidas (en cuanto a su vigencia efectiva) que parecen ser las concesiones que han estado otorgando los gobiernos locales (salvo algunas excepciones).
 
Haciendo un escueto recuento, solo en la capital -y en sus alrededores cercanos- podemos apreciar la evidencia de lo señalado en lo sucedido con las concesiones dadas por las siguientes municipalidades: i) en la Municipalidad Provincial de Cañete, ante un cambio de la gestión municipal, se terminó resolviendo el contrato de concesión para  el control de tránsito; ii) en la Municipalidad Provincial de Callao la nueva gestión municipal resolvió primero el  contrato de concesión de control de tránsito y luego, recientemente,  el contrato de concesión de la denominada vía expresa de la Av. Fauccet; iii) en la Municipalidad Provincial de Huacho también se ha resuelto el contrato de concesión de control de tránsito; iv) en la Municipalidad de Lima Metropolitana se resolvió el contrato de concesión para las revisiones técnicas vehiculares; v) en la Municipalidad de San Isidro han existido y subsisten fuertes cuestionamientos a la concesión para el servicio integral de limpieza de parques, jardines, y recojo de residuos sólidos.

Siendo este el panorama, es válido preguntarse: ¿qué esta pasando? Pareciera que existe una maldición sobre estas concesiones. Tal vez alguien en función de estos hechos  podría pensar en las concesiones como un mecanismo inadecuado, por lo menos para los gobiernos locales. Sin embargo, en nuestra opinión esa afirmación es absolutamente inexacta, pues esta figura brinda enormes ventajas a los gobiernos que probablemente deben destinar sus recursos a atenciones más prioritarias y en donde los privados no estén interesados en intervenir. De esta forma, los recursos de los gobiernos regionales y locales, actualmente fortalecidos por el apoyo brindado por el Gobierno Central ante la bonanza de de las exportaciones (fundamentalmente mineras), deberían ser destinados principalmente a cumplir aquellas funciones en las que no sería posible contar con el apoyo o interés del sector privado, teniendo en cuenta además que dichos recursos son transitorios y excepcionales. Contar con concesiones sólidas garantiza su permanencia en el tiempo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Lo expresado parte de aceptar el hecho de que el Estado no puede pretender que el privado inversionista actúe de manera filantrópica cuando decida implementar una concesión (si esa hubiese sido su intención mejor hubiese constituido una fundación en lugar de administrar concesiones). Así, lo que debe siempre procurarse es el equilibrio entre la inversión, el riesgo  y su  compensación.  Sin embargo, esto es tal vez lo más técnico y complicado en el diseño de una concesión, siendo que dicha tarea es la responsabilidad principal de quien diseña el esquema de la concesión, es decir, de los funcionarios estatales.

Por lo expresado, es evidente la necesidad que tienen los gobiernos locales de contar con buenos técnicos y con autoridades que actúen de manera despolitizada.  De lo contrario, el resultado es previsible: simplemente responda la pregunta, ¿le interesaría invertir una fuerte cantidad de dinero en un proceso de concesión implementado por un gobierno local?

(*) Socio del estudio Balbi consultores. Profesor del curso Contratación del Estado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Abogado por la Universidad de Lima. Master en Derecho de la Empresa UPC. Postgrado en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca.