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Sobre la cotitularidad en las cuentas bancarias Imprimir E-Mail

Anghelo Olarte Saco
Miembro de la Asociación Civil ius et veritas

Actualmente, nos encontramos en una sociedad que necesita realizar operaciones económicas con mayor fluidez y seguridad; por lo cual, la mayoría de personas y empresas recurren al sistema bancario y financiero para satisfacer sus actividades comerciales. Dicha confianza depositada en las entidades bancarias ha convertido en una práctica común el uso de las diversas formas de cuentas bancarias existentes, incluso aquellas cuentas de depósito que se encuentran bajo titulares indistintos.

A continuación, desarrollaré algunas precisiones respecto de las relaciones que se producen entre todos los sujetos partícipes de este tipo de contrato bancario. Para ello, comenzaré por establecer la situación jurídica que tiene cada sujeto dentro de dicho contrato, para luego calificar la relación obligacional existente entre ellos.

En las cuentas de depósito bancario bajo titulares indistintos encontramos que la parte pasiva de la obligación está constituida por la entidad bancaria, mientras que la parte activa está compuesta por dos o más sujetos llamados “cotitulares de la cuenta”. En otras palabras, el Banco tiene la calidad de deudor y  los cotitulares tienen la calidad de coacreedores.

De lo expuesto en el párrafo precedente, se desprende que nos encontramos en una relación jurídica subjetivamente compleja, debido a que en una de las partes obligacionales existe pluralidad de sujetos. Ello implica que dicha obligación puede ser clasificada bajo dos criterios: i) según la naturaleza de la prestación; y, ii) según la forma en la cual se debe cumplir la prestación entre deudores y/o acreedores. Para el contrato materia de análisis, nos importa revisar el segundo criterio mencionado, esto es, encasillar a la obligación como mancomunada o como solidaria.

La mancomunidad se rige por la aplicación del principio de la división de los créditos o de las deudas; lo que significa que la prestación se divide en función a la cantidad de acreedores y deudores existentes, y cada uno solo puede responder o exigir su parte de la prestación. En la práctica, los efectos jurídicos de las obligaciones mancomunadas son idénticos a los que producen las obligaciones divisibles.

En cambio, la solidaridad implica que el íntegro de la prestación puede ser exigido por el acreedor a cualquier codeudor, así como también, el deudor puede realizar el pago íntegro a cualquier coacreedor. Esto significa que cada acreedor es dueño del íntegro del crédito, por lo cual cualquier sujeto de la parte activa de la relación obligatoria puede requerirle a cualquier sujeto pasivo el cumplimiento íntegro de la prestación, sin necesidad de dirigir el requerimiento contra todos.

Una vez que se ha realizado el cumplimiento íntegro de la prestación, se entiende por satisfecho el derecho de crédito y extinguida la obligación para todos los sujetos inmersos en dicha relación jurídica, debido a que el objeto de la obligación se considera idéntico para cada deudor o acreedor. En otras palabras, es suficiente verificar el pago debido para que la obligación se extinga respecto a todos los sujetos partícipes, de tal forma que el cumplimiento tiene completa eficacia liberatoria para los sujetos vinculados.

Cabe señalar que la solidaridad solo encuentra su origen en la ley o en el pacto expreso de las partes; esta nunca se presume, debido a los fuertes efectos que produce respecto a los sujetos que se encuentran vinculados al cumplimiento de la obligación. Esto se encuentra regulado en el artículo 1183 del Código Civil. Si no figura expresamente la solidaridad, se entiende que la obligación es mancomunada y se rige por las reglas de la divisibilidad, según lo dispuesto por el artículo 1182 del mismo cuerpo normativo.

En el contrato bancario materia de análisis, la relación jurídica obligatoria encuentra su origen cuando los sujetos recurren de forma voluntaria a una entidad financiera para realizar un depósito dinerario, convirtiéndose en cotitulares de una cuenta donde se encuentra depositado el monto dinerario entregado al Banco. La finalidad de dichos sujetos, tal como ya lo hemos mencionado, es obtener mayor rentabilidad y seguridad a través de estas operaciones bancarias.

Una vez que la cuenta se encuentra abierta y hábil, el banco está obligado a entregar la suma depositada cuando sea requerida por la parte acreedora; a menos que sea una cuenta de depósito a plazo fijo, donde se indica la fecha en la cual el titular recién puede disponer del dinero depositado. Para el caso, nos encontramos en una cuenta bancaria de depósito ordinario, esto es, no se fija un plazo para que los acreedores puedan disponer del dinero.

Cuando se señala que la cuenta de depósito bancario se encuentra bajo  “titulares indistintos”, significa que cualquiera de los sujetos que conforman la parte activa de la obligación puede disponer del dinero depositado. Esto quiere decir que el pago que efectúe el banco a cualquiera de ellos satisface íntegramente el derecho de crédito.

De lo expuesto se entiende que los titulares se han constituido en acreedores solidarios frente a la entidad financiera, puesto que los sujetos cuentan con la plena facultad de disposición del bien depositado. Cuando la entidad bancaria efectúe el desembolso del dinero a favor de cualquier titular de la cuenta, se debe tener por cumplida la obligación del deudor de entregar el dinero, y por concluida la relación contractual establecida entre este último y los titulares de la cuenta de depósito bancario.

De acuerdo con lo explicado sobre las obligaciones solidarias, una vez que se ha realizado el pago debido de la prestación, se entiende por extinguida la solidaridad activa o pasiva existente. Este es el momento donde las relaciones internas entre los codeudores o coacreedores solidarios deben ser analizadas. En efecto, después de extinguida la obligación solidaria, quedan cargas internas que deberán verse satisfechas según el grado de participación en la obligación.

La situación que nos importa es la relación existente entre los cotitulares de la cuenta bancaria. Nuestro ordenamiento jurídico regula plenamente esta situación en el artículo 1203 del Código Civil. Dicho artículo nos indica que, si no existe comunidad de intereses entre los acreedores solidarios, el cobro del crédito debe ser íntegramente recibido por el acreedor beneficiario. Asimismo, también hace referencia a la distribución equitativa del crédito entre todos los acreedores, siempre y cuando no exista una ley, un título o circunstancias que demuestren lo contrario.

El acreedor que realizó el cobro a la entidad bancaria, tiene el deber de reembolso respecto a sus coacreedores en proporción al porcentaje que tiene cada uno sobre el crédito. En otras palabras, el titular de la cuenta bancaria ostenta un poder de disposición sobre el total del crédito, que en caso de ser ejercido, genera un derecho de reembolso a favor de los demás titulares, un derecho que se encuentra limitado a la participación que tenga cada uno en la obligación.

Como ya hemos visto, la cotitularidad o titularidad indistinta únicamente atribuye a los acreedores de la entidad bancaria la facultad de disponer del saldo dinerario de la cuenta de depósito; pero no implica por sí mismo la existencia de una copropiedad sobre dicho saldo, pues ello será determinado por las relaciones internas de los acreedores del banco. Dichas relaciones se rigen por la mancomunidad, debido a que la solidaridad solo ha sido establecida en la relación de la entidad financiera con los titulares de la cuenta.

En efecto, si bien el dinero depositado se encuentra a disposición de cualquier titular del crédito exigible al banco, ello no significa que ha sido transferida la propiedad del bien a favor de los cotitulares indistintos de la cuenta. El acreedor que retira el dinero depositado se convierte en deudor de sus acreedores, y tiene el deber de reembolso según la participación de cada uno en la obligación y los aportes realizados que dieron origen a la relación obligatoria con la entidad bancaria.

Cabe señalar que, en sede nacional, la judicatura no tiene pronunciamientos precisos sobre este tema; a diferencia del sistema jurídico español -de cuyo derecho de obligaciones deviene parte del nuestro- donde existen diversos pronunciamientos al respecto. Los tribunales de justicia de España han reconocido la problemática que se presenta al momento de distinguir entre la disposición del depósito dinerario y la propiedad del mismo, cuando la cuenta bancaria figura abierta a nombre de dos o más titulares que tienen la condición de acreedores solidarios frente al Banco. En línea jurisprudencial, se entiende que el dinero depositado en las cuentas con titulares indistintos no transfiere la propiedad del bien.

A continuación, reproduzco un fragmento de la Sentencia de la Sección Tercera de la A.P. de Tarragona de fecha 15 de diciembre del 2003, que refleja el criterio seguido por los jueces españoles: “la existencia de cuentas corrientes indistintas atribuye una cotitularidad bancaria, la cual no implica la existencia de un codominio sobre los depósitos; (…) cualquiera de los titulares bancarios puede disponer de los fondos de la cuenta, pero ello no implica que tengan la propiedad de los depósitos”.

En el artículo Mitos en torno al contenido del derecho de propiedad. Análisis critico del artículo 923 del Código Civil, realizado por el profesor Freddy Escobar, podemos encontrar algunas reflexiones muy útiles sobre propiedad, titularidad y la facultad de disponibilidad, las cuales rescataré y desarrollaré de forma breve para una mejor comprensión de las afirmaciones realizadas en el presente trabajo.

Como sabemos, la propiedad es un derecho real que permite realizar una serie de actuaciones respecto del bien sobre el cual recae, sea mueble o inmueble. En cambio, la titularidad es una relación que existe entre un sujeto y un derecho subjetivo. En este sentido, no podemos identificar a la propiedad con la titularidad, ya que la primera permite realizar un conjunto de comportamientos sobre el bien, en tanto la segunda identifica quien puede desplegar dichos comportamientos.

Respecto a los acreedores bancarios, la disposición sobre la cuenta es plena por parte de cualquiera de ellos, por lo cual todos son titulares de la misma; sin embargo, no necesariamente todos son propietarios de los aportes realizados a la cuenta bancaria. El propietario del bien siempre va ostentar la calidad de titular; en cambio, el titular de un bien no siempre va ser propietario.

Sobre la facultad de disposición, podemos decir que es aquel poder que posibilita al titular de un derecho subjetivo a transferirlo a otro sujeto; dicha facultad deriva de la relación de titularidad existente. Para el caso, si bien los acreedores bancarios han dispuesto a favor de los demás titulares sus aportes, ello no implica que se haya transferido el derecho de propiedad sobre los mismos. Una cosa es lo que ocasiona la transferencia de un objeto, y otra muy distinta el objeto materia de tal transferencia.

En conclusión:

a) Las cuentas de depósito bancario bajo titulares indistintos son obligaciones solidarias donde la parte pasiva está conformada por la entidad financiera; mientras que la parte activa está compuesta por dos o más sujetos, quienes están facultados para disponer libremente del dinero depositado, sin ser necesaria la participación de todos para que el banco cumpla con el desembolso requerido.

b) Una vez que la entidad bancaria ha cumplido con el pago íntegro, se extingue la obligación solidaria y surge la relación interna que se rige por el principio de la división de los créditos y de las deudas. El titular que dispuso del bien depositado tiene un deber de reembolso respecto a los demás coacreedores, en función a la participación que le corresponde a cada uno por los aportes realizados.

c) Dichos aportes acreditan la propiedad que tiene cada uno y la proporción que le corresponde al momento de dividir el dinero depositado. Por tal motivo, es esencial diferenciar la disponibilidad del derecho de propiedad.

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